
En el ámbito jurídico, cabe señalar tres conceptos muy específicos y que, a menudo, pueden inducir a cierta confusión: “jurídico”, “jurado” y “judicial”. Veamos en qué se diferencia cada uno de ellos:
- Un traductor e intérprete jurídico es el profesional que traduce documentos oficiales, por ejemplo, contratos, testamentos, sentencias, escrituras, etc. Dichos documentos han sido elaborados por profesionales del derecho y contienen un registro jurídico muy elevado. Es muy importante que el traductor jurídico conozca los equivalentes y tenga nociones sobre los distintos ordenamientos jurídicos en los que será de aplicación el documento. A diferencia del traductor jurado, el traductor jurídico no dispone de ningún nombramiento oficial para validar la traducción.
- Un traductor e intérprete jurado es un fedatario público nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y de Cooperación de España que traduce y certifica la exactitud de sus traducciones, dando fe de que la traducción es completa y fiel al original mediante su sello, firma y certificación oficial. La mayoría de los textos que traduce un traductor jurado pueden ser jurídicos, no obstante, la traducción jurada no está adscrita a ningún ámbito de especialidad particular. Ciertos tipos de documentos como los médicos, comerciales, académicos y científicos también pueden requerir una traducción jurada.
- El traductor e intérprete judicial es el profesional que traduce en los procedimientos judiciales. En la actualidad, esta profesión no está regulada, de modo que cualquier persona con nociones de más de una lengua puede interpretar en un procedimiento judicial.